Que no sean propietarios de un inmueble con destino habitacional.

Que no hubiere recibido algún subsidio o beneficio estatal para financiamiento de una vivienda.

Que el valor de la vivienda a adquirir, nueva o usada, no supere las 4.500 UF.

Que no haya sido beneficiado anteriormente por la Garantía Apoyo a la Vivienda.

Que no tengan una inscripción vigente en el registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que regula la ley Nº 21.389.